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Informe sobre la tierra y territorio en 2016 expresa una visión dinámica del problema
Periódico Digital PIEB • 10-07-2017 El problema de la tierra y el territorio en América del Sur ha ingresado en disputas que se resuelven a nivel legal y judicial. Esta dinámica coincide en algunos aspectos y difiere en otros, según los países, legislaciones y movimientos campesinos-indígenas, refleja el Informe 2016 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica.

El Informe 2016 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, iniciativa enmarcada en el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, a la vez iniciativa del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), tiene la intención de proporcionar una herramienta que facilite una visión de la dinámica actual del acceso a la tierra y el territorio y estimular procesos de diálogo e incidencia a favor de la población campesina.

La situación de 2016 muestra acciones ante el Tribunal Constitucional en Bolivia, específicamente de Marka Quila Quila, para conseguir la declaración de inconstitucionalidad del requisito de “personería jurídica oficial” para pueblos indígenas establecida en la Ley 3545.

En Colombia también la Corte Constitucional declaró inconstitucionales varias disposiciones legales del Plan de Desarrollo 2014-2018 sobre la delimitación de áreas estratégicas para la exploración y explotación minera, entre otras. En el Perú todavía no se ha resuelto similar recursos presentado contra el “paquetazo ambiental” que limita derechos de pueblos indígenas ante proyectos de minería.

“Como puede verse, en este informe han existido casos, en los que la interpretación jurídica, el uso oportuno de herramientas y conocimiento legal, y por supuesto tribunales probos, han generado garantías que se establecen en el orden constitucional de los países, para la población local, incluidos campesinos, indígenas, incluso autoridades de rango subnacional o de menor jerarquía”, dice el informe.

Otro rasgo de la situación es además la incorporación, en el debate sobre la tierra, de temas como las leyes de semillas, normativas para el acceso a agua, regímenes impositivos, tratados comerciales, fomento de la agricultura de pequeña escala, la protección de territorios y recursos naturales, la biodiversidad, etc.

El informe fue elaborado con aportes de investigadores que trabajan en este tema en cada uno de los países: Argentina, Bolivia, Brasil Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Para el caso de Bolivia, el caos fue elaborado por Fundación Tierra.
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