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Sociedad / Población  
Riberalta y Guayaramerín tienen baja calificación para el sistema judicial y la policía
Periódico Digital PIEB • 05-06-2017 Las percepciones de habitantes de Riberalta y Guayaramerín califican a un sistema judicial y una policía nacional con “una fuerte injerencia política, una alta corrupción y recursos humanos poco capacitados y mal pagados”; un panorama que creen que puede revertirse en la justicia pero no en la policía.

La información proviene del estudio Administración de justicia y derechos ciudadanos en Riberalta y Guayaramerín, dirigido por Cinthia Luna, en el marco de una iniciativa de la Unidad de Apoyo para la Gestión de Políticas Públicas del Ministerio de la Presidencia, con apoyo financiero de la Embajada de Dinamarca.

Percepciones

Julio Córdova fue el encargado de socializar los resultados de esta investigación, el pasado 5 de mayo, en un coloquio para compartir los resultados de seis estudios. En la investigación se recogieron percepciones y actitudes de las personas de ambos municipios, a fin de contar con un diagnóstico general sobre la economía, la cultura, los movimientos sociales, el sistema judicial y la seguridad ciudadana.

Para este trabajo se aplicaron 500 encuestas en la segunda quincena de diciembre de 2016, a la vez que se hicieron ocho grupos focales, ocho entrevistas en profundidad y una revisión documental.
El sistema judicial tiene una valoración de confianza, tanto en el respeto de los derechos humanos como en la resolución de problemas, sin embargo los operadores de justicia recogieron calificativos totalmente contrarios: “Los jueces no son capaces, son corruptos y son dependientes del poder político”.

La percepción sobre la inseguridad ciudadana crece, se reporta un incremento de las pandillas en los barrios. En Riberalta, entre 3,5 a 4 de cada 10 personas fueron víctimas de delincuencia en los últimos 12 meses.

Calificación
En escala del 1 al 7, el sistema judicial tiene un puntaje de 3,7 en Riberalta y en Guayaramerín de 3,4. La Policía obtiene 3,5 en Riberalta y 2,95 en Guayaramerín.

Córdova explicó que “es difícil pensar en una justicia eficiente, imparcial, competente y sobre todo independiente del poder político si al mismo tiempo no hay cambios estructurales en el nivel socioeconómico”.

“En nuestro estudio hemos podido identificar que esta diferenciación socioeconómica genera relaciones prebendales entre quienes tienen poder político y económico y el resto de la población, y estas relaciones prebendales influyen de manera decisiva en el sistema judicial”, dice Córdova.

La necesidad de políticas regionales de producción y empleo para municipios amazónicos, como Riberalta y Guayaramerín, son necesarios para disminuir la delincuencia, junto a un proceso de transparencia y eficacia de la justicia y la policía.
© Los artículos difundidos por el Periódico Digital PIEB
pueden ser reproducidos total o parcialmente, citando la fuente.




 
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