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DOSSIER
TEMA: SISTEMA DE JUSTICIA

Mujeres y cárcel: el sistema no toma en cuenta el impacto diferenciado del encierro
21-02-2017

Un estudio sobre la situación carcelaria en Bolivia advierte que las mujeres están encerradas principalmente por delitos de narcotráfico, y que el sistema penal no toma en cuenta el impacto diferenciado de la privación de libertad sobre ellas.

El informe “Situación de los derechos humanos y acceso a la justicia de población vulnerable privada de libertad en Bolivia” fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016.  

Del total de 14.598 privados de libertad en todas las cárceles del país, 1.157 son mujeres, es decir un 7,9%.

A pesar de que las mujeres son un porcentaje mínimo en las cárceles, se trata de la tasa más alta en toda la región, solo seguida por Chile y Ecuador, que mantienen un 7,7%. 

Jilka Irusta, de la Oficina Jurídica para la Mujer, explicó que es preocupante el reporte mostrado por la investigación: ausencia de parámetros adecuados para establecer fianzas económicas; mujeres que incumplen requisitos para acceder a alternativas a la detención preventiva porque carecen de trabajo formal, círculo familiar (generalmente provienen de contextos de violencia), domicilio fijo; incapacidad económica para contratar a un abogado más allá de la primera y segunda audiencia; menos aún se toma en cuenta el impacto diferenciado del encarcelamiento de las mujeres. 

La separación forzada de los hijos, por ejemplo, es un factor que algunas instituciones como el Defensor del Pueblo ha calificado como una forma de tortura. El estudio recolectó testimonios de mujeres que dejaron a sus hijos al cuidado de otro familiar o que han perdido total contacto con ellos al ser enviados a casas de acogida. 

“Otro hecho que preocupa a las instituciones es que varias mujeres por primera vez detenidas, cuando han salido de la cárcel, las personas (traficantes) que les han contratado las vuelen a captar porque deben devolver lo que (droga) les han incautado”, dijo Irusta, como una característica extracarcelaria que afecta a las mujeres detenidas por tenencia de sustancias controladas.

La mayor parte de las mujeres dentro de los penales (38,6%) está procesada o condenada por delitos de narcotráfico y en segundo lugar (28%) por delitos contra la propiedad, mientras que el resto de los delitos del Código Penal afecta al 34% de las internas.

El informe plantea que se ha recomendado al Estado una reforma al régimen de sustancias controladas porque el actual sistema tiene una “ambigüedad en la tipificación de las conductas y un catálogo desproporcional en las sanciones impuestas, (además de que) impide considerar que en muchos casos los eslabones más débiles y visibles de las grandes redes son quienes se ven procesados(as) ante la justicia y privados(as) de libertad”.

Otros datos muestran que solo 4 de las 61 cárceles del país tienen espacios exclusivos para mujeres y que las Reglas de Bangkok, que consideran la relación madre-hijo y el mantenimiento de las relaciones familiares como elementos indisoluble de sus vidas, tampoco se cumplen.

El informe fue presentado en enero pasado por Fundación Construir.



 
 
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