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DOSSIER
TEMA: Reforma Judicial

Ávila: cooperación política y académica para encarar una reforma judicial
30-11-2015La cooperación política y académica es necesaria para encarar la reforma judicial, dice el abogado, docente y asesor ecuatoriano Luis Fernando Ávila a propósito de las reformas del sistema judicial, antiguas y actuales, que se suceden en la región Sur del continente.

Luis Fernando Ávila es abogado, docente universitario y asesor de despacho de la Defensoría Pública del Ecuador, y con base en esa experiencia fue invitado a participar del seminario internacional “Reforma judicial en América Latina y el desafío de la revolución de la justicia en Bolivia”, el 13 de noviembre, organizado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Presidencia y el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, con apoyo financiero de la Embajada de Dinamarca.

En el seminario Ávila hizo un análisis de la reforma judicial en Ecuador en el periodo 2007-2015, en un primer momento de transformación (2007-2010) y en un segundo momento de (des) transformación (2010-2015). En esta breve entrevista con el Periódico Digital se refiere a la importancia de la cooperación Sur-Sur entre gobiernos, poderes judiciales y academias.

¿Cómo puede aprender Bolivia de la experiencia del Ecuador en cuanto a sus procesos de reforma de justicia y, ahora, de cierto retroceso en ese mismo campo?
Me parece que es necesario consolidar las relaciones políticas Sur-Sur, pues esto permite conformar bloques de resistencia política de los países periféricos de los centrales, lo cual además da la oportunidad de aprendizajes mutuos. Aquello hace de nuestras reformas más soberanas. De acuerdo a esto, debe generarse canales de diálogo entre Ecuador y Bolivia a nivel de los gobiernos, los poderes judiciales y las academias. Este diálogo debe ser “crítico”, es decir debe plantearse formas creativas de ver las problemáticas de la justicia con el fin último de aportar a construir sociedades más justas, equitativas y solidarias. Así, la justicia debe ser pensada no sólo como un mecanismo para resolver casos interpartes, sino para dar solución a los conflictos sociales en favor de las personas excluidas; debe dar respuestas a los problemas cotidianos de la gente y no únicamente a los de las grandes empresas y la política. Esta crítica de la reforma judicial en el caso de nuestros países nos permitiría entender las reformas en un contexto social y político, evitando copiar simplemente modelos, normas o instituciones. Por esta razón, Ecuador aprendería de la experiencia de Bolivia y ésta viceversa.

Este diálogo debe ser materialmente participativo. Digo “materialmente” porque en nuestros países se han intentado muchos procesos participativos, pero todos formales mecanismos para legitimar lo ya decidido. Un proceso participativo entre los países y al interior de ellos tiene como reto dar un nivel adecuado de vinculación a lo que la gente requiere del sistema de justicia.

¿En qué se parecen los procesos de reforma antes y ahora en ambos países?
Hay dos elementos estructurales que se repiten en nuestras reformas judiciales. Uno, se han hecho enormes esfuerzos por institucionalizar la justicia, pero han sido fallidos. Si antes la reforma era de una institucionalización de baja intensidad y coyuntural, esta tendencia se mantiene por la propia debilidad de nuestros Estados, los cuales no han superado su naturaleza feudal y propietarista, y porque el aparto estatal no pertenece a las grandes mayorías, sino a élites mal educadas y conservadoras. Esto se constituye en una barrera invisible para cualquier cambio. Dos, nuestras reformas no tienen metas políticas claras, por lo que son permeables a la implementación de modelos e instituciones totalmente ajenas a nuestra realidad, y a la colonización de agendas coyunturalistas (como seguridad ciudadana por cámaras de seguridad y controles de documentos, cero impunidad, cero audiencias fallidas, prohibición de consumo de alcohol los domingos, etc.). Aquello se debe a la debilidad de las estructuras políticas que intentan sustentar el cambio (partidos, movimientos, sindicatos, universidades, ONGs, etc.), lo cual impide crear procesos políticos a largo plazo. Esta debilidad se manifiesta en la falta de programas políticos, democracia interna, formación de militancia, entre otros.

No obstante, ahora, tanto en Bolivia como en Ecuador, con la emergencia de algunos gobiernos progresistas en la región, se presentó una oportunidad de transformación política profunda en favor de las personas y colectivos. Y a pesar de que los problemas estructurales aún persisten, hay avances en cuanto a la democratización en el acceso de los recursos, políticas sociales de mejor espectro y una resistencia a las políticas neoliberales. Esto, me parece, puede propiciar una etapa de transición hacia el objetivo de transformar políticamente nuestras sociedades. En Bolivia y en Ecuador deben profundizar sus procesos políticos, hacerlos más participativos y democráticos, lo cual propicie la emergencia de cuadros políticos que tomen la posta en esta revolución silenciosa, la cual, con avances y retrocesos, es la única posibilidad de nuestra América de intentar algo distinto. Hoy tenemos la posibilidad de que nuestra agenda de reforma judicial sea realmente soberana y socialista.

¿A qué atribuye esta (des)transformación de la justicia en su país, cómo se puede entender pedagógicamente este proceso para otras experiencias como la boliviana?
La (des) transformación de la justicia es un recurso metafórico, puesto que lo que nos propusimos en 2007 fue “transformar la justicia”. No obstante, expresa mi punto de vista sobre el vaciamiento de la agenda estructural de reforma y la contaminación de agendas de corto plazo en la justicia. Me parece que esto se debe a tres razones. Una, en países de partidos únicos o hegemónicos existe la tentación de controlar el poder judicial porque esto permite mantener las débiles estructuras políticas que sustentan nuestros gobiernos. Sin embargo, si nuestros líderes vieran en la independencia judicial un mecanismo de control y autodepuración de la militancia política en el gobierno, esto apuntaría a la legitimidad y a la institucionalización de la justicia a largo plazo (esto ocurrió, por ejemplo, en España en 1978 y en Chile en 1988), por supuesto, esto es más fácil en procesos políticos que provienen de estados de facto y cruentas dictaduras. No es el caso de Bolivia y Ecuador, por lo cual la vía es la construcción de voluntad política desde el partido hegemónico (MAS y Alianza País). (Rafael) Correa y Evo (Morales) deberían tener una visión de estadistas sobre la reforma de justicia.

Dos, existe un estrategia de restauración conservadora en la región en varios niveles. La idea es que los gobiernos progresistas asustan a los Estados Unidos de América, China y Unión Europea (nuestros socios comerciales). Cuando el expresidente Hugo Chávez denunciaba que había un plan de desestabilización, no se equivocaba. Nuestros países se han preparado para hacer frente a estas estrategias imperiales, pero uno de los flancos más débiles es el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque normalmente las reformas han sido un tema exclusivo de “juristas”, “consultores internacionales” y “políticos de turno”... Aquí la izquierda latinoamericana no tiene cuadros ni políticos ni académicos para entender estructural y críticamente las reformas... Por eso, aquí ingresan las políticas más grotescas de control político: a) Guerra contra las drogas; b) Lucha contra la migración ilegal; c) Violencia intrafamiliar y femicidio; d) Mecanismos alternativos de solución de conflictos; y, e) Seguridad ciudadana. Todas estas políticas reproducen la lógica de dependencia política centro-periferia, pues ponemos la materia prima y ellos los productos elaborados. Un ejemplo, es la guerra contra las drogas: nosotros ponemos los muertos, los presos y las familias destrozadas; y, ellos se quedan con el dinero sucio ingresado al inmoral sistema financiero y los paraísos fiscales. La incorporación de estas agendas hace de nuestra política inocua y desarticula nuestra capacidad de resistir políticamente, pues la vuelve eficientista y de bajo impacto social.

Tres, nuestros líderes en el contexto de los procesos políticos progresistas no han sabido administrar las crisis políticas, por lo que han permitido el acceso de agentes y corporaciones con intereses propios para "tapar los huecos". En el caso de Ecuador y algunos países de la región, ha sucedido esto con lo relacionado con la seguridad. En Bolivia, Brasil, Venezuela y Ecuador se ha invertido gran cantidad de recursos para políticas sociales de una manera sin precedentes en la región. Pero eso ha significado afectar algunos intereses... La derecha regional se ha abanderado de la agenda de seguridad como último recurso ante el éxito social y político de Correa y Evo. No obstante, la inseguridad no es una percepción, es una realidad, y la gente quiere respuestas rápidas a este problema estructural que tiene que ver con la desigualdad y la pobreza y no con la moralidad social. Nuestros gobiernos se vieron presionados a tomar decisiones coyunturales y dejar la agenda a las corporaciones de seguridad (Policía y Fuerzas Armadas), lo cual no tiene control jurídico ni ciudadano, pero da resultados inmediatos. Sin embargo, el déficit es la desarticulación de la reforma estructural, el aumento de encarcelamiento y la criminalización de la pobreza, y el otorgamiento de mayor poder a las agencias de seguridad, por lo tanto la hipoteca de nuestros procesos políticos de transformación en los intereses particulares de policías y militares.

 
 
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