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  • Esta semana, para libre descarga, las investigaciones de la convocatoria Derechos de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia (2008)
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Nota
 
Información, investigación, gestión… Claves para la sostenibilidad de las Áreas Protegidas

Con el objetivo de preparar la Agenda Temática de Investigación de la Convocatoria “Sostenibilidad de las Áreas Protegidas en Bolivia”, este 2008 se realizaron encuentros y mesas de trabajo, abriendo un espacio necesario para que expertos y expertas en la temática aporten a la orientación y priorización de contenidos en esta iniciativa.

La Convocatoria es organizada por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y se encuentra en fase preparatoria, recuperando los insumos dados, por ejemplo, en las mesas de trabajo realizadas en el mes de julio de 2009, donde los participantes ratificaron la pertinencia de la propuesta.

Según la Directora de Wildlife Conservation Society (WCS) Bolivia, Lilian Painter, el reto de generar sistemas de información suficientemente ordenados para que los tomadores de decisión puedan acceder a la información procesada y tengan conocimiento de lo que son las Áreas Protegidas (AP), sus sistemas, sus estados de conservación, su valoración económica, los beneficios que aportan a las poblaciones locales y a la sociedad en su conjunto, son aspectos importantes a desarrollar.

Además de contar con la información adecuadamente estructurada, es necesario vincularla a la gestión. La investigación, por su parte, tendría que concretizarse en indicadores más relevantes, pues para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) en su momento ha sido difícil, incluso, lograr una línea de base del estado de conservación de las AP en Bolivia. Así lo explicó el Director de Planificación del SERNAP, Edwin Camacho. “No es tan dramática la carencia en la información, lo dramático está en la capacidad de estructurar la información”.

Camacho dijo que el SERNAP está trabajando en el tema, enmarcado en el sistema de gestión. Cecilia Miranda, Técnica Responsable de Participación Social de la Dirección de Planificación del SERNAP, afirmó que la movilización social protagonizada en septiembre de 2006 por actores de las áreas protegidas nacionales ante el gobierno central, reclamando el atropello del que fueron objeto sus territorios, se convirtió en un hito fundamental para un nuevo planteamiento y enfoque de gestión que se traduce en la Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida, como una respuesta alternativa a las demandas de los actores sociales en pos de lograr una real y mayor participación en la gestión de las Áreas Protegidas.

Si bien este nivel de participación social es importante, la participación a nivel de sistema también lo es, afirma la experta Lilian Painter. La actuación de la sociedad en su conjunto, incluyendo a las generaciones futuras en su relación con las AP, debe ser tomada en cuenta y visibilizarse. Algunos aspectos a ser tomados en cuenta para la información y la generación de nuevos conocimientos, deberían incluir aspectos como las capacidades de los actores locales con representatividad y legitimidad para participar efectivamente, en qué manera son actores activos de un complejo institucional técnico, administrativo y financiero de gestión de las AP.

Al respecto, los planificadores del SERNAP consideran que las AP deben gestionarse bajo un modelo de responsabilidad conjunta entre las instancias competentes del Estado y los grupos sociales radicados en esas áreas. En otras palabras, una gestión compartida que conlleve a un fortalecimiento del Estado y del rol de las organizaciones sociales y sus capacidades para participar de la gestión.
La gestión compartida, en sus niveles nacional y local, implica que el Estado establece alianzas con las organizaciones sociales representativas de la población que habita las AP y en sus zonas de amortiguamiento. Ambas instancias comparten la autoridad, la toma de decisiones y las responsabilidades respecto al conjunto de procesos inherentes a la gestión, afirmó Edwin Camacho, Planificador del SERNAP.

Para Miranda, este nuevo modelo de gestión pública, si bien ha logrado ser reconocido, a través del artículo 385 de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), precisa de una norma regulatoria. Se está trabajando en el Decreto Supremo para la Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida, en base a largos procesos de concertación que datan del año 2007. Inicialmente se trabajó en las bases del decreto con equipos técnicos conjuntos de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Viceministerio de Biodiversidad y el SERNAP.

Posteriormente, las instancias nacionales, regionales y locales de las organizaciones sociales de occidente, como la Confederación de Ayllus y Marqas del Qollasuyo (CONAMAQ) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y Originarios de Bolivia (CSUTCB), vinculadas a áreas protegidas nacionales, también fueron sujetos de la consulta y concertación.

A decir de Lilian Painter, WCS Bolivia, existen ejes claves para la gestión de las AP: Estado de conservación, beneficios para las poblaciones locales, beneficios para la sociedad en su conjunto, temas de valoración económica de servicios ambientales y, desde la perspectiva de los pobladores rurales, el tema de la participación local en proyectos de manejo de recursos.

En ese sentido, pasando al tema de la investigación, hay varias hipótesis: ¿Están las Áreas Protegidas conservando los valores de la biodiversidad? ¿Son viables? ¿Están integradas al contexto local con proyección de futuro? Y el tema más grande, que tiene que ver con las tendencias macro regionales, ¿qué significan para el desarrollo del país en comparación con los grandes proyectos de desarrollo que se están impulsando a nivel regional?

La investigación en este ámbito, apunta a buscar aspectos de la realidad que den elementos para la aplicabilidad de políticas públicas en la gestión del Sistema de Áreas Protegidas (SNAP) enmarcadas en la gestión del territorio y la participación social, como un mecanismo para lograr los objetivos de conservación de la biodiversidad a través de sus funciones ambiental, social y económica. El desafío está planteado, mucho más considerando que, por parte del Estado, a partir de la aprobación de la nueva CPE, existe un claro reconocimiento a la importancia de la Áreas Protegidas, se abre una nueva era de posicionamiento político y social para el trabajo de gestión del SNAP en el país.


 
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